Modificación del procedimiento sancionador

El Gobierno modificará la ley de tráfico para cobrar todas las multas y en menos tiempo

El procedimiento sancionador en materia de tráfico va a cambiar sustancialmente una vez empiece a aplicarse el proyecto de ley que modificará la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros. Para el Gobierno, el actual procedimiento sancionador es «excesivamente largo», el sistema de notificaciones es «poco operativo» y las cuantías de las sanciones «se fijan de manera discrecional dependiendo más del lugar en donde se comete la infracción que del hecho en sí mismo».

De esta forma, amparándose en el objetivo de que «no tenga cabida la impunidad del infractor», el Gobierno ha diseñado una estrategia normativa para agilizar el cobro de las multas y lograr el cobro efectivo del «cien por ciento de las que se impongan». El objetivo final es recaudar más dinero, antes y limitar la capacidad de recurso de los infractores.

gc-denunciandoHay que tener en cuenta que Interior inicia cada año más de 15 millones de expedientes sancionadores y que en la actualidad un porcentaje muy alto -en torno al 40%- de estos nunca se acaban cobrando, pues terminan quedándose atascados en el farragoso proceso administrativo.
Sólo una notificación
El proyecto determina que «bastará con una única notificación» al infractor en lugar de las tres que deben realizarse ahora, en tres días seguidos y en horas distintas si el multado no es localizado en su casa. Tráfico entiende que el sistema actual de cobro de multas es «excesivamente largo» y «beneficia a quienes desean que se alargue para quedar impunes por la falta de medios (de la Administración) para concluir el procedimiento y cobrar las multas». Y pone un ejemplo: «Actualmente, cuando un exceso de alcohol sólo tiene la consideración de infracción administrativa, pueden pasar, como mínimo, cinco meses hasta que se ejecute la sanción y se pierdan los puntos correspondientes. Sin embargo, cuando el exceso de alcohol adquiere la consideración de delito el castigo se impone en sólo 72 horas».

Además, pretende reducir costes en las notificaciones y muchas de ellas podrán realizarse por correo electrónico. Para ello, se creará la Dirección Electrónica Vial (DEV), que será asignada obligatoriamente por la Dirección General de Tráfico (DGT) a todas las personas jurídicas que sean titulares de un vehículo, así como a las personas físicas que lo soliciten. Además, la obligada publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la provincia, será sustituido por el tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, en formato digital.

Ánimo recaudatorio

guardia-civilReafirmando el ánimo recaudatorio de las novedades, el texto incluirá un descuento algo mayor al previsto en estos momentos por pronto pago. Recogerá la posibilidad de un «procedimiento sancionador abreviado que se concluirá en 15 días mediante el pago voluntario de la sanción con una reducción del 40%, un 10% mayor del que se concede en estos momentos».
Otro de lo cambios, como explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, articula que «la cuantía de la multa será mayor cuanto mayor sea la peligrosidad de la infracción». Esta teoría se aplicará especialmente en las infracciones por exceso de velocidad y se fijará la cuantía de la sanción en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre la velocidad máxima permitida.
La nueva norma marcará también cantidades exactas de 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 para las muy graves, aunque todas ellas podrán verse incrementadas hasta en un 30% si existieran circunstancias adicionales, como el peligro potencial creado. Se acaba de esta forma con el actual sistema sancionador por tramos: multas leves hasta 90 euros, graves de 91 a 300 y muy graves de 301 a 600 euros.
Además, se revisa el cuadro de las sanciones y se eliminan algunas, como la suspensión del permiso de conducción para las graves, manteniéndose sólo para las muy graves en dos meses -actualmente entre uno y tres meses-, y se incluyen otras como la suspensión del permiso de circulación si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido una infracción.
Igualmente, se dispone para los extranjeros no residentes en España que cometan infracciones en el territorio español la prohibición de utilizar el vehículo durante un mes, además de anotar la pérdida de puntos, «terminando así con la sensación de impunidad» de este colectivo.

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