Se plantea un nuevo modelo policial

policia_localLa Conselleria de Gobernación valenciana está contactando con las autonomías que cuentan con cuerpos de Policía Autonómica adscrita (Andalucía, Aragón y Galicia) y con otras como Madrid o Murcia para recabar apoyos en su propuesta de reforma del, según defiende, «desfasado» modelo de seguridad español. El departamento encabezado por Serafín Castellano considera necesaria una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional donde se pacte un cambio de la Ley Orgánica 2/86 para adaptarla a las «nuevas realidades»: por un lado, que se configure un modelo común de policía adscrita al que se puedan acoger todas las autonomías; y, por el otro, que se regulen las funciones que actualmente está desempeñando la Policía Local (como de policía judicial o en ámbitos de orden público) con la aquiescencia del Gobierno central pero a espaldas de la legalidad.

El modelo, en vez de ser sustitutivo como en el caso de los Mossos d´Esquadra o de la Ertzaintza, se basa en una policía complementaria del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Desde la Conselleria se insiste en que una policía adscrita a la Policía Nacional es más «efectivo» -y generaría menos agravios comparativos en áreas como los salarios de los agentes- que los cuerpos propios catalanes y vascos. De la misma manera, se añade, el Estado es consciente de que la multiplicación de las policías autonómicas propias es inviable económicamente -financia en un 100% a Mossos y Ertzaintza-.
Labores administrativas
Una complementariedad que se centraría en el plano administrativo -en esencia, para hacer cumplir las normas específicas de cada región- y que conseguiría descargar trabajo a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que éstas puedan emplear más efectivos en la lucha contra la delincuencia en la calle.
Además de igualar los modelos de policía autonómica de todas las comunidades, la iniciativa persigue eliminar las «disfuncionalidades» existentes en cuestiones como la financiación de estos cuerpos. Castellano considera que se debería recular por ley un sistema de compensación económica a las autonomías para que no se produzcan «favoritismos» con los cuerpos catalanes y vascos, financiados al completo por el Estado.
En el caso de la Policía Local, Castellano considera necesario ajustar su ámbito competencial a la realidad.
El objetivo es el de reconocer jurídicamente las labores que los policías locales ya están desempeñando de facto en ámbitos como, por ejemplo, el del menudeo de droga o la policía judicial. Mediante la reforma, la Policía Local (en la Comunidad suman cerca de 10.000 efectivos, cifra similar a todos los guardias civiles y policías nacionales destinados en la región) también podría complementar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en cuestiones «a potenciar» como la policía preventiva. Castellano recordó que en la formación de los policías locales de la Comunidad se están impartiendo actualmente materias -como balística, drogas o violencia de género- que en principio no pueden tratar por ley, pero que deben de exigir porque son ámbitos en los que la Policía Local está actuando «día a día».
El cambio normativo, que en ningún caso pretende igualar las competencias de un policía local con las de un guardia civil o un policía nacional, posibilitaría que este cuerpo pudiera desempeñar con cobertura legal las funciones que ya está realizando en las calles.
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