Chamizo plantea que la Policía Local deje de custodiar a los detenidos

El Defensor solicita que Interior asuma todos los calabozos y critica su deterioro

Liberar a los ayuntamientos de la custodia de detenidos, para que Interior asuma por completo esta competencia tan delicada. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, defendió ayer esta tesis ante la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, a la que presentó su informe Lugares de personas detenidas: depósitos municipales y otros calabozos. Chamizo ha elevado el informe al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, para que asuma sus propuestas e Interior tome nota. De salir adelante, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía asumirían los detenidos de la Policía Local y los ayuntamientos se ahorrarían los costos que supone la gestión diaria de los calabozos.

fuensanta_coves_jose_chamizo“Es una propuesta coherente y no exótica. Los argumentos dados por los ayuntamientos para desprenderse de esta competencia son contundentes”, esgrimió ayer Chamizo para echar un capote a los consistorios en otro capítulo de su batalla por la financiación. Los 45 ayuntamientos afectados esgrimen sus razones: “La financiación es totalmente insuficiente porque las plantillas de Policías Locales son muy cortas como para atender este Servicio en condiciones adecuadas, y porque crea una situación discriminatoria para esos 45 ayuntamientos que, a pesar del enorme esfuerzo, no se ven compensados”, subraya el informe.

Hace doce años la Oficina del Defensor ya realizó una primera investigación sobre este delicado asunto, titulada Depósitos municipales de detenidos, y los resultados arrojaron como principal conclusión que se mantuviera la delegación competencial que sustenta el servicio de depósito. “Pero siempre y cuando se respetasen en su integridad las condiciones y requisitos legales con que esa delegación se había de hacer”. Tras este tiempo, y comprobada la realidad, Chamizo ha concluido que los ayuntamientos no han hecho los deberes y existen razones objetivas para este incumplimiento.

De este modo, Chamizo ha pedido al Gobierno que promueva un cambio legislativo para derogar la Ley de Bases de Régimen Local. El Defensor explicó que la solución pasaría porque en cada Partido Judicial existieran unas dependencias de custodia de personas detenidas, tanto en fase de investigación policial como de detenidos a disposición judicial. Por los calabozos municipales andaluces han pasado 18.000 ciudadanos en los últimos tres años.

El Gobierno central delega la competencia a los municipios que son cabeceras de sus respectivos partidos judiciales. Pero si hay 45 que cuentan con estas instalaciones, 28 “incumplen su obligación de gestionar el servicio”, denunció ayer Chamizo. La cifra duplica el número de consistorios incumplidores cuando en 1995 la oficina del Defensor realizó el informe similar sobre los calabozos andaluces. “La red de depósitos ha disminuido de modo considerable”, censuró.

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