MATRICULACIÓN EN ESPAÑA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

Fuente: http:carris.wordpress.com

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN NORMATIVA

MATRICULACIÓN EN ESPAÑA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE 23 de diciembre de 2010), modifica la Ley 32/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y, en particular, da una nueva redacción a su disposición adicional primera.

El apartado 1 de esta disposición adicional primera recoge el mismo contenido que tenía con anterioridad, al establecer la obligación de matricular en España los vehículos que se destinen a ser utilizados en el territorio español por personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de establecimientos situados en España.

En los apartados 2 y 3 se admite la posibilidad de no exigir la matriculación de los vehículos si en los plazos de 30 o 60 días del artículo 65.1. d), se ha pagado el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, o bien se ha solicitado el reconocimiento previo de la no sujeción o de exención del mismo, o se ha presentado una declaración de exención, pero todo ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica reguladora de la matriculación de medios de transporte.

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Permisos de conducir comunitarios y sistema de puntos

El Tribunal Supremo en una relativamente reciente sentencia (de 04 de junio de 2009) desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) contra el Real Decreto 62/2006, de 27 de enero, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.
El Tribunal Supremo reconoce en dicha sentencia lo siguiente:
El Real Decreto 62/2006, de 27 de enero por el que se modifica el Reglamento General de Conductores se dictó para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 09/09/2004, que declaraba contrarios al Derecho Comunitario las normas que obligaba a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, que adquiriesen su residencia en España, a inscribir sus permisos de conducir en las correspondientes jefaturas de tráfico y señalando que dicha inscripción solo puede tener carácter facultativo y no obligatorio. La sentencia también recogía la posibilidad de que los Estados miembros podrían proceder a la inscripción de los permisos cuando un conductor cometiera en el territorio del estado de acogida, y por primera vez, una infracción que pueda dar lugar a la restricción, suspensión, retirada o la anulación del derecho a conducir.