La multa a un funcionario obliga a modificar 400 señales de impedidos físicos

Fuente: http://carris.wordpress.com

La multa a un funcionario obliga a modificar 400 señales de tráfico

El recurso a una sanción obliga al Ayuntamiento a añadir una pegatina en las placas de parking para minusválidos de la ciudad

El recurso que un funcionario municipal presentó a una multa de aparcamiento ha dado como resultado que el Ayuntamiento de Santander se haya visto obligado a modificar todas las señales de plazas de parking reservadas a minusválidos que hay en la ciudad. Cerca de 400 en total. Y es que la placa vertical cuadrada, con fondo de color azul y el anagrama blanco en el centro, no aparece como tal en el Reglamento General de Circulación, por lo que no prohibe el estacionamiento, sino que sólo sirve como indicación y su incumplimiento no puede ser objeto de multa.

Fue hace mes y medio cuando este trabajador de la Administración municipal, que había sido multado por el aparcamiento de su motocicleta en una de estas zonas acotadas, presentó un recurso al Ayuntamiento. En su caso, la plaza para minusválidos que le acusaron de no respetar no contaba con señalización vertical. Sólo se delimitaba con un dibujo en el suelo de un pictograma blanco. Al margen de que este icono no esté homologado, según los argumentos aportados por el funcionario, es obligatorio que exista señal vertical específica para que la Policía Local pueda sancionar el incumplimiento.

La placa, según el Real Decreto, debe estar perfectamente colocada en el sentido de la marcha para que pueda ser identificada de forma clara y rápida por los conductores. En el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, optaron por señalizar el espacio con la placa R-308 -la de prohibido estacionar, con fondo azul y una raya diagonal roja- y añadiendo la letra ‘P’ de reserva y el anagrama internacional de impedidos físicos en el centro.

Las primeras señales en cambiarse, anteayer, fueron las de las plazas de aparcamiento junto al nuevo edificio de ‘Escenario Santander’, en el Parque de Las Llamas. El Ayuntamiento ha optado por un método similar al que se utilizó en las autovías y autopistas del país al reducirse la velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora. Pero en lugar de una pegatina grande colocada sobre la anterior indicación, en esta ocasión se ha optado por un tamaño más reducido.

Este funcionario aún no ha recibido contestación del recurso que presentó a la multa por «tocar con el pie de cabra unos centímetros la línea del aparcamiento para minusválidos», pero los argumentos que utilizó han provocado, de momento, la modificación de las señales.

El TC pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el recortazo‏

Le da un plazo de diez días para que emita su informe sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional respecto a la bajada del 5% del sueldo de los funcionarios.

 El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado al Fiscal General del Estado que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la bajada de los sueldos de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo de 2010, cuyo descenso osciló entre el 0,5% y el 7% de los salarios. En una providencia dictada por el Pleno de la Sección Primera del Constitucional, el tribunal da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal para que presente su informe sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

 Así, el fiscal tendrá que estudiar si el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se aprobó la bajada de los salarios incluido en las medidas de reducción del déficit público vulnera los artículos 7, 28.1 y 37.1 de la Constitución Española (CE). También si la Disposición Adicional novena de dicho Real Decreto atenta contra el artículo 14 de la CE. El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional elevó al TC esta cuestión planteada por los sindicatos de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), tras dictar una providencia en la que hizo constar sus “dudas sobre la constitucionalidad” de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit referido al recorte salarial a los funcionarios.

La Audiencia entendió que éste “podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical” en relación con el derecho a la negociación colectiva. El tribunal fundamentó estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.