El TC pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el recortazo‏

Le da un plazo de diez días para que emita su informe sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional respecto a la bajada del 5% del sueldo de los funcionarios.

 El Tribunal Constitucional (TC) ha solicitado al Fiscal General del Estado que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la bajada de los sueldos de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo de 2010, cuyo descenso osciló entre el 0,5% y el 7% de los salarios. En una providencia dictada por el Pleno de la Sección Primera del Constitucional, el tribunal da un plazo de diez días al Ministerio Fiscal para que presente su informe sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

 Así, el fiscal tendrá que estudiar si el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se aprobó la bajada de los salarios incluido en las medidas de reducción del déficit público vulnera los artículos 7, 28.1 y 37.1 de la Constitución Española (CE). También si la Disposición Adicional novena de dicho Real Decreto atenta contra el artículo 14 de la CE. El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional elevó al TC esta cuestión planteada por los sindicatos de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), tras dictar una providencia en la que hizo constar sus “dudas sobre la constitucionalidad” de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit referido al recorte salarial a los funcionarios.

La Audiencia entendió que éste “podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical” en relación con el derecho a la negociación colectiva. El tribunal fundamentó estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

La Audiencia lleva al TC el recorte del sueldo de los empleados públicos

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el recorte salarial a los empleados públicos. El recurso que presentó CCOO, y que podría hacer peligrar el tijeretazo, aludía a los empleados de la Fábrica de Moneda y Timbre.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que este órgano se pronuncie sobre si el recorte salarial del 5 por ciento a los empleados públicos llevado a cabo por el Ejecutivo se ajusta o no a la Constitución.

Los magistrados no creen “constitucionalmente posible” que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo vigente a través de un decreto ley. El recorte salarial “se podría haber salvado constitucionalmente si las Cortes lo hubieran tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia”, señala el auto hecho público este jueves.

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El Tribunal Constitucional avala que se impongan penas más duras a los hombres que a las mujeres en el delito de amenazas

tribunal-constitucionalFuente: PUNTOCERO

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por siete votos a favor y tres en contra, una docena de recursos de inconstitucionalidad planteados por dos juzgados de Murcia contra el artículo 171.4 del Código Penal que fue modificado con la aprobación de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. El precepto castiga con más dureza las amenazas sin armas cuando la víctima sea una mujer pareja o ex pareja del infractor.

En concreto, los Juzgados de lo Penal números 1 y 4 de Murcia, plantearon entre 2005 y 2008 hasta doce recursos contra este artículo por considerar que podría ser contrario a los preceptos de la Constitución española relativos a los principios de igualdad, proporcionalidad penal y culpabilidad, y el valor de la dignidad de la persona.

El citado artículo impone penas de seis meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días para “el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. La amenaza en este caso se considera por tanto un delito, cuando en un ámbito distinto de la pareja, es una falta.
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